Contralor General presentó ante el Congreso Informe Social 2008:

Contralor General presentó ante el Congreso Informe Social 2008:



PERSISTEN INEQUIDADES EN SALUD, HAY MAYOR DESIGUALDAD

EN INGRESOS Y MENOR ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR



*Se ha avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero menos de lo necesario, dice el Contralor Julio César Turbay Quintero.



*Un número significativo de jóvenes está abandonando el sistema educativo antes de ingresar a la educación media.



Bogotá, noviembre 25 de 2009.- Los resultados de la acción del Estado colombiano en materia social siguen siendo preocupantes, reveló el Contralor General de la República, Julio César Turbay Quintero, al presentar al Congreso de la República su “Informe Social 2008”.



En materia de salud no se ha hecho efectivo el principio de universalidad y persisten las inequidades. En educación, se observan logros pero los esfuerzos son insuficientes, y resulta bastante grave que la mayoría de los jóvenes colombianos solo reciba una educación mínima, pues abandonan las aulas antes de ingresar a los dos últimos grados del bachillerato.



La educación superior en Colombia sigue siendo altamente restrictiva y se ha llegado al punto que sólo uno de cada cinco jóvenes de 18 a 24 años tenga acceso a algún tipo de educación postsecundaria.



Persiste el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza (los ricos son más ricos y los pobres más pobres). Y los logros en materia de atención a la población desplazada son escasos.



Los más pobres son también afectados por problemas alimentarios y nutricionales y se evidencia exclusión en la atención en la población adulta mayor.



A partir del análisis de la inclusión y exclusión social en el país, el ente de control examinó en el “Informe Social 2008” los resultados en los ámbitos de salud, educación (básica, media y superior o terciaria), y asistencia social (pobreza extrema, adulto mayor, nutrición y desplazamiento forzado interno).



Salud: persisten inequidades y limitaciones



La Contraloría encontró que en materia de salud no se ha superado la exclusión social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud, producto de la reforma de 1993, no ha podido dejar atrás algunas de las desigualdades acumuladas.


“El principio de universalidad no sólo no se ha hecho efectivo sino que, además, se ha promovido una abierta segmentación de la población según su capacidad de pago”, advirtió el Contralor Turbay Quintero.


Aunque en términos de accesibilidad formal se ha avanzado con una importante afiliación al seguro de salud, que se estima en 84% según la Encuesta de Calidad de Vida en 2008, subsisten inequidades y limitaciones para el goce efectivo del derecho, señaló.


“Son relevantes las barreras económicas para que los pobres puedan acceder a los lugares de atención, para realizar los pagos compartidos y para adquirir los medicamentos, y también están las diferencias de calidad y las trabas administrativas en los procedimientos definidos por los actores del sistema, establecidas unas y otras ante la debilidad de la regulación del sistema por el Estado”, asegura el informe de la CGR.


Se observan también problemas de disponibilidad en la oferta de atención. La red pública hospitalaria atraviesa por una crítica situación financiera y la red privada se concentra en las grandes ciudades.


Educación: se mejora pero los esfuerzos son insuficientes


El informe de la Contraloría reconoce el notable crecimiento de la cobertura en la educación preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, y considera que se observa una mejora general de resultados de la política pública correspondiente.


Sin embargo, el Contralor Turbay Quintero señaló el retroceso que en materia de logros muestra la educación media. “La brecha existente entre la cobertura bruta de la educación básica secundaria y la cobertura bruta de la educación media, que entre 2001 y 2005 superó los 20 puntos porcentuales, indica que un número significativo de jóvenes está abandonando el sistema educativo antes de ingresar a la educación media”, advirtió al respecto.


Esta relativa baja cobertura en el nivel medio quiere decir que “la mayoría de los jóvenes colombianos sólo recibe una educación mínima, carente de las competencias básicas requeridas para la participación creativa en la vida social y en el mundo del trabajo. Por supuesto que esto implica su exclusión o marginalidad social y económica, lo cual está estrechamente relacionado con nuestra problemática de violencia, guerra interna y delincuencia”, subrayó.


Pese al avance general en educación, Colombia presenta un notable atraso frente a países desarrollados y aun frente a países de condiciones similares. En el caso de los pueblos indígenas, se advierte que sus indicadores educativos están muy por debajo de los de la población en general, agregó el Contralor.


Al analizar el tema de la educación terciaria o superior en Colombia, se determinó que la inclusión social que ha procurado el sistema ha sido bastante desigual. “El sistema universitario se ha estratificado y ha creado universidades de cúspide y de base que se diferencian tanto por el origen social de sus estudiantes como por la calidad de la enseñanza”.

Preocupa también a la Contraloría que el acceso a la educación superior en Colombia es aún altamente restrictivo: uno de cada cuatro jóvenes del rango de edad relevante (de 18 a 24 años) estaría accediendo hoy a algún tipo de educación postsecundaria. Sin embargo, es muy probable que la proporción sea menor: ¡uno de cada cinco!

Por otra parte, en la presente década, el gasto público en educación básica como porcentaje del PIB ha decrecido: en 2001 alcanzó el 3,3%, en 2004 descendió al 3,1%, y desde 2006 hasta 2008 ha estado en el 3%. Una tendencia semejante exhibe el gasto público en la educación superior: la participación de los aportes de la nación a las universidades públicas como porcentaje del PIB muestra un descenso constante: en 2000 era el 0,52%, en 2004 el 0,48% y en 2007 el 0,35%.

Según el Contralor Turbay Quintero, los esfuerzos en política educativa son insuficientes: el gasto público central en educación básica y media (transferencias del Sistema General de Participaciones) ha venido decreciendo en la presente década, y el gasto público central en educación superior ha disminuido en forma constante desde los años 80 hasta hoy.


Desigualdad: se amplia la brecha


Los bajos ingresos del 49% de la población, según el indicador de línea de pobreza de 2005, continúan siendo uno de los determinantes más importantes de la exclusión social en Colombia. Se ha avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero menos de lo necesario y de lo que correspondería dado el nivel de desarrollo alcanzado por el país, indicó en su informe el Contralor Julio César Turbay Quintero.


“La alta desigualdad en los ingresos constituye una barrera para lograr rápidamente las metas de reducción de la pobreza en Colombia. Bien se ha dicho que cuanto más desigual es un país menos efectivo es el crecimiento para reducirla. La pobreza, al menos la de ingresos, que se deriva de la concentración del ingreso y la riqueza y de la ausencia de oportunidades, genera un círculo vicioso y perverso de menos oportunidades de salud, educación, esparcimiento, vivienda y crédito para los pobres, que a su vez los hace aún más pobres y prolonga su condición”, agregó.

La Contraloría General de la República verificó que la política pública social apenas contribuye a conjurar las desigualdades existentes en la sociedad colombiana. Las brechas entre ciudad y campo, regionales, de ingresos y socioculturales, de larga configuración histórica, persisten prácticamente inmodificadas.

La alta tasa de pobreza en Colombia (del 45% en 2006) está estrechamente relacionada con el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza: entre 1991 y 2005 la participación del 20% más pobre de la población en el total de los ingresos transitó del 3,2% al 2,9%, mientras que el 20% más rico ha recibido más del 60% de los ingresos. Y la tendencia persiste: desde 2003 se observa una caída de la participación de los ingresos de la población asalariada en el PIB: en 2002 dicha participación era del 34,6%, en 2007 era del 31,1%.



“La desigualdad se reproduce en gran medida por la vía educativa: el estrecho “cuello de botella” que se produce en el tránsito de los niños y jóvenes por el sistema educativo (actualmente de 10 estudiantes que inician la básica primaria tan sólo 1 concluye estudios postsecundarios de pregrado), y la muy desigual distribución de la calidad entre las instituciones que conforman dicho sistema, son muestra clara de la decisiva contribución de la educación a la perpetuación de la desigualdad de una generación a otra”, concluye el informe de la CGR.


Logros escasos en atención a población desplazada


Para la Contraloría General de la República, si bien el Estado colombiano ha procurado cumplir con el desarrollo de programas de asistencia para la población desplazada, y la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional ha forzado mayores compromisos financieros e institucionales al respecto, aún no se ha logrado garantizar su atención integral y los logros son aún escasos.


Las cifras sobre los desplazados en los últimos años, indican claramente que el énfasis de las autoridades públicas en su actividad no está puesto en la llamada estrategia de prevención del desplazamiento, tal como se concibió desde la formulación del Plan Colombia.


“Si se acoge como criterio definitorio de (re)inclusión social de la población desplazada el restablecimiento de sus derechos mediante el logro principalmente de su “estabilización socioeconómica” (la capacidad de generar ingresos, el retorno del desplazado a su lugar de origen, la adquisición de una vivienda digna, etc.), hay que decir que un alto porcentaje de tal población sigue siendo socialmente excluida y que, por lo tanto, continúa careciendo de la posibilidad de ejercer en forma efectiva sus más elementales derechos”, dice el Informe Social 2008.



Más recursos y mayores problemas


Los resultados de este informe de la Contraloría dejan ver que dos fenómenos han condicionado la acción del Estado hacia el fortalecimiento de la asistencia social: la persistente pobreza de más o menos la mitad de la población colombiana (fenómeno estructural y de larga trayectoria), y el desplazamiento forzado interno (fenómeno coyuntural, de casi tres décadas de existencia)


El gasto público (central) para la “atención de los más pobres” ha conocido un incremento de casi nueve veces entre 1990 y 2007: en pesos de 2007, entre uno y otro año se transitó de $780 mil millones a $6,8 billones. Sin embargo, en 2006 casi la mitad de la población colombiana (el 45%) seguía siendo pobre y 12 de cada 100 colombianos seguían siendo indigentes.


El gasto en la atención a la población desplazada ha experimentado un aumento considerable en la presente década: mientras que entre 1995 y 2002 se asignaron recursos por aproximadamente $164 mil millones, entre 2002 y 2008 el gasto habría superado los $4 billones. Contrástese esto con las cifras recientes de desplazados en el país y con el escasísimo logro de la política en términos de (re)inclusión social de la población desplazada.

En el caso de la salud, considerado el período 1997-2007, se advierte que si bien la población afiliada al régimen contributivo ha aumentado, la afiliada al régimen subsidiado lo ha hecho en mayor proporción. Este hecho indica que el gasto público en salud va en aumento y cada vez más personas están dependiendo del aporte del Estado para su acceso a la salud.


Problemas nutricionales en los estratos bajos y en el campo


Los indicadores agregados muestran que la situación nutricional de la población colombiana ha mejorado en el transcurso de las dos últimas décadas, pese al ligero retroceso recientemente observado en 2005.

Los problemas alimentarios y nutricionales son más graves en los niveles 1 y 2 del Sisben, lo cual ratifica que la situación nutricional de la población está determinada por la pobreza y la inequidad social. La desnutrición es más acentuada en las áreas rurales, lo cual significa que en este lugar, como en varios otros, la tradicional brecha entre ciudad y campo sigue vigente.


Exclusión en atención a población adulta mayor

Con respecto a la política de atención a la población adulta mayor en situación de extrema pobreza, la Contraloría estimó que hay factores de exclusión en el diseño de la política: los criterios de selección sólo consideran la población adulta mayor clasificada en los niveles 1 y 2 de Sisben. Esto excluye a personas de los niveles 3 a 6 y a las personas que se hallan en listado censal (habitantes de la calle y aquellos que se encuentran en hogares de beneficencia).



Adicionalmente, hay problemas en la ejecución de la política, las cuales se deben en parte a deficiencias en la gestión por parte de las entidades territoriales.